Discapacidad en Latinoamérica: voces y experiencias universitarias

Abstract

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad constituye un hito sin precedentes para saldar una deuda histórica de discriminación, exclusión y desigualdad, que se inicia en los sistemas educativos y se extiende a otras áreas de la vida social. El pleno ejercicio del derecho a la educación es clave para el goce de otros derechos humanos como el acceso a un empleo digno, a la seguridad social o a la participación política. Las personas con discapacidad tienen menores oportunidades de acceder a la educación en los diferentes niveles educativos, especialmente en la educación superior, concluir sus estudios y desarrollar plenamente sus capacidades, porque suelen recibir una educación de menor calidad y mayormente en escuelas segregadas, lo cual limita seriamente su inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos Avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas exige que toda la población acceda a una educación de igual calidad y por el desarrollo de instituciones educativas más plurales e inclusivas que acojan y den respuesta a la diversidad del alumnado. En el artículo 24 de la Convención se establece en el derecho a una educación inclusiva, de calidad, gratuita, en las comunidades en que vivan y en igualdad de condiciones con los demás. Lograr una educación de calidad para todos, que promueva el máximo desarrollo.Avanzar hacia una mayor inclusión en la educación superior pasa necesariamente por reducir drásticamente las desigualdades en la educación secundaria y por minimizar las barreras propias de la educación superior tales como los sistemas de acceso y de selección, la creciente privatización, la concentración de la oferta, la rigidez de los planes de estudio, de la evaluación, y las formas de enseñanza, y la falta de sistemas de apoyo para estudiantes y docentes. Estos factores hacen que muchos estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad, o pertenecientes a otras culturas o a estratos de menores recursos, estén más excluidos de las oportunidades educativas en la educación superior o reciban una educación de menor calidad que reproduce su situación de desigualdad. Los Estados tienen que garantizar el derecho a la educación adoptando medidas de acción afirmativa para aquellas personas o grupos de población cuyos derechos no son debidamente atendidos, con el fin de alcanzar una igualdad de hecho y no sólo en el discurso. La verdadera igualdad de oportunidades pasa por democratizar el acceso al conocimiento, lo cual implica dar un trato diferenciado, que no sea excluyente, proporcionando a cada persona los recursos y ayudas que necesita para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y aprender a niveles de excelencia.